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El plan de poda de eucaliptos en los montes comunales de Ribeira desata el debate ecologista

La propuesta de intervenir en varias masas de eucalipto de los montes comunales de Ribeira ha abierto una discusión que va mucho más allá de la apariencia de los caminos forestales. La poda, el desbroce y el posible aprovechamiento de la madera afectan a la prevención de incendios, al paisaje, a la biodiversidad y a la forma en que las comunidades vecinales gestionan un territorio de uso colectivo.

En el Barbanza, donde el monte mantiene una relación estrecha con la economía local, la cultura y la identidad de las parroquias, cualquier actuación forestal genera posiciones encontradas. La administración y las comunidades propietarias defienden la necesidad de mantener las parcelas y reducir riesgos; colectivos ecologistas reclaman cautela, criterios técnicos y una transición hacia masas autóctonas con mayor valor ambiental.

Un monte comunal con muchas funciones

Los montes comunales de Ribeira cumplen funciones que no siempre aparecen en un expediente de poda. Son espacios de tránsito, zonas de pastoreo, áreas de recogida de productos forestales, corredores de fauna y lugares vinculados a la memoria de las parroquias. También forman parte del paisaje que acompaña a vecinos y visitantes desde el interior del municipio hasta la costa.

El eucalipto ocupa una parte significativa de la superficie forestal gallega y tiene un peso económico reconocido. Su rápido crecimiento permite obtener madera en plazos relativamente cortos, pero su presencia continuada puede desplazar otras especies y simplificar el hábitat si no existe una planificación diversa. Por eso, el debate en Ribeira se centra tanto en la forma de podar como en el modelo de monte que se quiere consolidar durante las próximas décadas.

Para las comunidades de montes, mantener los accesos despejados y retirar ramas secas puede facilitar la vigilancia y el paso de vehículos de emergencia. Para quienes observan el territorio desde una perspectiva ambiental, cada corte debe justificarse en función de la edad de los árboles, la pendiente, la proximidad a viviendas y la existencia de nidos, regatos o zonas de especial sensibilidad.

Qué contempla la intervención forestal

La poda forestal puede incluir la eliminación de ramas bajas, la retirada de ejemplares dañados y la limpieza de la vegetación situada bajo las copas. No todas esas actuaciones tienen el mismo impacto. Una intervención selectiva y ejecutada fuera de la época de cría puede ser muy distinta de una corta extensa realizada sin dejar refugios ni continuidad vegetal.

El plan que ha provocado la reacción ecologista se interpreta como una actuación vinculada a la gestión de los eucaliptales y a la prevención de incendios. A falta de conocer todos los detalles técnicos, uno de los puntos principales de la discusión es la superficie afectada y la intensidad de los trabajos. También importa qué maquinaria se empleará, por dónde circulará y cómo se evitarán daños en el suelo.

En terrenos con pendientes pronunciadas, el tránsito de maquinaria pesada puede compactar la tierra y favorecer la escorrentía cuando llegan las lluvias. La acumulación de restos de poda, si no se retira o tritura de manera adecuada, puede convertirse en combustible vegetal. Una planificación completa debería establecer plazos, responsables, medidas de seguridad y un seguimiento posterior de la regeneración.

Las advertencias de los colectivos ecologistas

Las organizaciones ambientales consideran que la poda no puede presentarse como una solución aislada frente al riesgo de incendios. Recuerdan que la prevención exige mosaicos de usos, franjas de protección alrededor de núcleos habitados, mantenimiento de caminos y recuperación de especies propias del bosque atlántico. También señalan que una masa forestal homogénea puede ser más vulnerable a plagas, sequías y episodios de calor extremo.

Otra preocupación se refiere a la fauna. Los trabajos forestales pueden afectar a aves que utilizan los eucaliptos para descansar o construir sus nidos, así como a mamíferos, reptiles e invertebrados que dependen de la hojarasca y de la vegetación del sotobosque. La observación de fauna debería incorporarse al calendario de las obras, con inspecciones previas y zonas de exclusión cuando sea necesario.

Los programas de seguimiento de especies pueden ofrecer referencias útiles para mejorar las decisiones locales. Existen experiencias de vigilancia de grandes aves y de sus áreas de cría, como este seguimiento de águilas, que muestran la importancia de combinar observación de campo, cartografía y periodos de protección. Aunque los ecosistemas sean diferentes, el principio resulta aplicable: conocer antes de intervenir.

La prevención de incendios entra en la discusión

Ribeira y el conjunto del Barbanza afrontan cada verano condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego. Las altas temperaturas, la falta de humedad y el viento aumentan la peligrosidad en las zonas forestales próximas a viviendas, carreteras y equipamientos. En ese contexto, cualquier medida de mantenimiento del monte adquiere una dimensión de seguridad pública.

La prevención, sin embargo, no se reduce a podar árboles. Es necesario conservar cortafuegos, limpiar las cunetas, revisar las pistas y mantener operativos los puntos de agua. También conviene trabajar con las parroquias para detectar parcelas abandonadas, coordinar avisos y explicar qué obligaciones corresponden a propietarios, comunidades y administraciones.

Los ecologistas temen que el argumento de la prevención se utilice para justificar talas generalizadas o actuaciones poco selectivas. Las comunidades de montes responden que no pueden asumir el coste de una gestión compleja sin obtener ingresos de los aprovechamientos forestales. El diálogo debería partir de esa realidad económica y buscar fórmulas que permitan reducir combustible sin sacrificar la calidad ambiental.

Un modelo equilibrado podría combinar podas puntuales, clareos en áreas de riesgo, creación de fajas de protección y sustitución progresiva de eucaliptos en espacios estratégicos. En las zonas menos expuestas, la prioridad podría ser favorecer la regeneración de especies autóctonas como el roble, el castaño, el abedul o el laurel, siempre con criterios adecuados a cada parcela.

La voz de las comunidades y del vecindario

Las comunidades de montes vecinales en mano común tienen un papel central en este asunto. Sus decisiones repercuten en el paisaje, en los ingresos colectivos y en la disponibilidad de espacios para actividades tradicionales. Las asambleas, los proyectos de ordenación y la información pública son herramientas esenciales para que los propietarios comuneros puedan valorar el alcance de la intervención.

El vecindario también reclama claridad sobre la finalidad de los trabajos. No es lo mismo una poda destinada a retirar árboles enfermos que una operación de aprovechamiento maderero; tampoco tiene las mismas consecuencias actuar cerca de una vivienda, junto a un regato o en una ladera alejada de los núcleos. Explicar la actuación con mapas sencillos y datos comprensibles ayudaría a reducir la desconfianza.

La gestión del monte forma parte de una agenda territorial más amplia. La llegada de visitantes, las rutas de senderismo y la promoción del paisaje pueden generar oportunidades, pero también exigen que los caminos y las áreas de interés se mantengan con cuidado. La difusión de propuestas como la ruta de los miradores recuerda que el atractivo del Barbanza depende de la relación entre naturaleza, cultura y participación local.

Criterios para una poda responsable

Una actuación forestal con respaldo social necesita información previa y controles durante los trabajos. El proyecto debería identificar las zonas de mayor pendiente, los cursos de agua, los hábitats sensibles y los caminos utilizados por el vecindario. También sería conveniente publicar un calendario que evite los periodos de nidificación y limite el tránsito de maquinaria en jornadas de lluvia intensa.

Entre las medidas que pueden mejorar el plan se encuentran las siguientes:

  • Delimitar las parcelas y explicar el objetivo de cada intervención.
  • Revisar la presencia de nidos, refugios y especies protegidas.
  • Priorizar trabajos selectivos frente a actuaciones uniformes.
  • Retirar los restos vegetales sin dañar el suelo.

La supervisión posterior resulta tan importante como la poda. Después de cortar ramas o retirar ejemplares, es necesario comprobar si aparecen erosión, brotes invasores o acumulaciones de biomasa. La evaluación debería incluir fotografías, informes públicos y la posibilidad de corregir procedimientos cuando los resultados no sean los esperados.

También sería útil establecer indicadores concretos: superficie tratada, número de árboles afectados, tiempo de retirada de los restos y evolución de la vegetación autóctona. Con datos comparables, la ciudadanía podría valorar el cumplimiento del plan y las comunidades contarían con una base sólida para decidir futuras actuaciones.

Transparencia y participación para decidir el futuro

El debate ecologista ha puesto de relieve una demanda compartida: conocer el proyecto antes de que las máquinas entren en el monte. La transparencia no consiste únicamente en publicar un permiso o una resolución administrativa. Implica explicar los motivos, mostrar alternativas, responder a las alegaciones y facilitar que las entidades locales aporten observaciones basadas en su experiencia.

Un proceso participativo podría reunir a representantes de las comunidades de montes, Concello de Ribeira, técnicos forestales, asociaciones ambientales, propietarios y usuarios del territorio. Las reuniones en las parroquias permitirían recoger información que no siempre aparece en los mapas, como pasos habituales de ganado, fuentes, zonas encharcadas o lugares con valor cultural.

Estas son algunas cuestiones que deberían quedar claras para la población:

  • Qué superficie se va a intervenir y durante cuánto tiempo.
  • Qué destino tendrán la madera y los restos de poda.
  • Qué medidas protegerán los cursos de agua y la fauna.
  • Cómo se evaluarán los resultados del trabajo.

El futuro de los montes comunales no depende de una única campaña. Requiere una estrategia que combine rentabilidad, seguridad, biodiversidad y uso social. La sustitución gradual de especies en áreas sensibles, la mejora de los accesos y la recuperación de pequeñas manchas de bosque autóctono pueden avanzar junto a un aprovechamiento maderero regulado, siempre que exista una hoja de ruta conocida.

El caso de Ribeira refleja una discusión presente en muchos municipios gallegos. La gestión forestal necesita adaptarse al cambio climático, a la presión sobre el territorio y a una ciudadanía más atenta al estado de los ecosistemas. Poda, prevención y aprovechamiento no tienen por qué ser conceptos enfrentados, pero deben someterse a criterios técnicos, control público y responsabilidad ambiental.

TV27 Barbanza seguirá recogiendo las decisiones de las comunidades de montes, las explicaciones municipales y las posiciones de las entidades ecologistas para acercar este debate a las parroquias y al conjunto de la comarca. Consulta la actualidad local y comparte información contrastada sobre las actuaciones que marcarán el futuro de los montes de Ribeira.

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